José Antonio Aybar F.
El rumor llegó a la calle Seybo, entre Pedro Livio Cedeño y calle 26 subido en la puesta de sol de un jueves de noviembre. El liceo Juan Pablo Duarte, ubicado en la avenida Duarte del Distrito Nacional, estaba “cogiendo candela”, por uno de los tantos “encuentros” que se sucedían, casí a diario, en los famosos y fatídicos “12 Años” de la era del doctor Joaquín Balaguer, entre policías-estudiantes y policías-ciudadanos. La preocupación hizo presa a nuestra madre y demás vecinos, porque la mayoría de los estudiantes de bachillerato de Villas Agricolas recibían docencia en ese centro.
No pasaron 10 minutos cuando “las muchachas” y “los muchachos” del barrio comenzaron a llegar, unos sudados por la carrera, otros con uniformes ensangrentados, porque cerca de alguno cayó un compañero. Nuestra hermana mayor explicaba el terror vivido, los abusos cometidos por la uniformada, los compañeros apresados y, hasta la caída de tres estudiantes que llegarían a sus hogares de manera distinta a como salieron.
Y así, entre protestas, marchas, denuncias, transcurría la vida estudiantil, no sólo en el liceo Juan Pablo Duarte, también en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, al igual que en pueblos y ciudades del país.
El pueblo luchaba contra el abuso de poder, el crecimiento de la pobreza, mientras se daba una distribución de la riqueza de manera desproporcionada por la que se creó una pequeña élite que se mantuvo de rodillas ante el caudillo reformista. Mientras el gobierno estaba enfocado en destruir a los grupos populares que participaron en la Revolución de Abril del 65 y otros surgidos tiempo después.
Hoy, cuando el pueblo exige cuentas claras ante el descubrimiento de todo tipo de tropelías, llegan a nuestra memoria esos tiempos idos, cuando un loco en el Congreso, que al parecer desconoce la historia reciente, se ha lanzado a una aventura temeraria, al someter una de las reformas que se le harán al Código Penal, que pide castigar las expresiones ofensivas contra el presidente y el vicepresidente de la República, senadores, diputados, jueces, autoridades electorales y el procurador general de la República con penas de cárcel de dos a tres años y multas equivalentes a entre siete y nueve salarios.
Una propuesta aventurera que deja al desnudo la esquizofrenia que pueden provocar las mieles del poder.
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